El Dr. Alfredo Palacios fue uno de los grandes políticos de la historia argentina. Además de haber sido el primer diputado socialista de América latina, fue un adelantado respecto al pensamiento laboral de su época, siendo el ideólogo de lo que hoy conocemos como la “ley de la silla”, promulgada en 1907.

La Ley de la Silla que rige actualmente (Ley N° 12.205) fue el resultado de una iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados de la Nación por el entonces Diputado Francisco Pérez Leirós. La misma, tuvo su origen en el proyecto de Alfredo Palacios, transformado en ley en 1907, que incorporaba este derecho a hacer uso de una silla en el trabajo, en la primitiva norma protectora del trabajo de mujeres y menores.

La ley básicamente, establece que todo local de trabajo en establecimientos industriales y comerciales de la Capital Federal, provincias y territorios nacionales, deberá estar provisto de asientos con respaldo en número suficiente para el uso de cada persona ocupada en los mismos. Además, en todos los locales comprendidos por la ley, se fijará en lugar visible un ejemplar de la misma y su correspondiente reglamentación, con la dirección de la autoridad encargada de su aplicación agregada al final de su texto.

El Dr. Palacios al sancionarse la ley dijo que “el carácter humano de este proyecto es tan evidente, que los hombres de las más distintas ideologías coinciden en la necesidad de su sanción”.

La normativa se conjuga con la protección del Art. N° 14 bis de la Constitución argentina, al cuidar la salud y establecer condiciones dignas de trabajo.

Si bien es cierto que actualmente podría parecernos una tontería la existencia de una norma legal que establezca la obligatoriedad de la provisión de asientos con respaldos en números suficientes para el uso de cada persona ocupada en los establecimientos industriales y comerciales de todo el país, en los años primeros años del siglo pasado, fue considerada toda una conquista social, que lamentablemente aún no se cumple en forma total. Más allá del tiempo transcurrido desde la sanción de ésta ley, y a pesar de estar vigente, es reiteradamente infringida en numerosos establecimientos, configurándose diariamente así un atentado a los derechos laborales de miles de personas.