factura-electronica1Desde hace un tiempo, varias empresas (principalmente las telefónicas), han suprimido, sin previo aviso, el envío de las facturas en papel.  Según las compañías, esto lo realizan con un fin protectorio hacia el medio ambiente, para evitar, de ésta manera, la tala indiscriminada de los bosques.

Lo cierto, es que obviamente, la facturación en papel implica grandes gastos para las empresas de servicios, a los que hay que sumarles el envío de las mismas por medio del correo. Por ello es que han empezado a utilizar la llamada factura electrónica, que los consumidores pueden imprimir directamente desde su casa y posteriormente abonar en los lugares de pago.

Suena bastante ilógico que las compañías comerciales aduzcan la necesidad de evitar el envío de las correspondientes facturas, según ellas, a fin de cuidar el medio ambiente, dado a que para abonar los cargos mensuales, el usuario debe imprimirlas, por lo que de ninguna manera se estaría logrando un fin benéfico para el medio ambiente. El único beneficio es el económico para las empresas prestatarias.

Más allá de eso, este proceder es violatorio de la normativa tuitiva del “Estatuto del Consumidor”, que establece claramente en el Art. N° 4 de la Ley N° 24.240, el deber de información que tiene el proveedor para con el consumidor, dado a que generalmente en este tipo de facturación solo se determina el monto, sin dar mayores datos sobre el consumo realizado, los cargos soportados y demás referencias necesarias. Tal es así que las empresas incumplen con su deber de informar y violan el derecho del usuario de ser informado. La norma en cuestión establece claramente que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. Es importante destacar que la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria a fin de que permita su comprensión.

Asimismo, esta práctica implica una modificación unilateral por parte de las empresas, del contrato pactado con el usuario, también violatoria de las leyes del consumidor. En ese mismo orden de ideas, y como si fueran pocas las transgresiones, el reglamento general del servicio básico de telefonía es determinante al afirmar que las empresas no pueden hacer ninguna modificación respecto de las condiciones que había al momento en que se tomó el servicio.-

Escribe:
Dr. Guillermo Tapia – Abogado –

Tº VIII F° 27 – CADJJ.

Cel: 02362 15599142.